El Consejo General de Colegios Veterinarios estudia recurrir judicialmente la supresión del certificado veterinario
El presidente del Consejo General del Colegio de Veterinarios de España, Juan José Badiola, ha anunciado que estudiará la posibilidad de recurrir ante los tribunales la reciente supresión del certificado veterinario, por "merma las garantías de seguridad alimentaria de los consumidores".
Badiola reiteró, en declaraciones a los medios de comunicación, que no se trata de hacer una defensa corporativista de un colectivo, el veterinario, sino de mantener una postura de defensa de la deontología profesional, en aras de garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Destacó que el nuevo modelo de declaración normalizada supone que el veterinario deja de asumir una responsabilidad en la garantía de la sanidad y salubridad de los rumiantes que entran al matadero para dejarla únicamente en manos del ganadero, "que carece de conocimientos para asumirla".
Insistió en que el certificado veterinario suponía un doble control de los rumiantes, antes del sacrificio, que después se confirmaba con las pruebas post-morten que realizaban los servicios veterinarios del matadero.
Badiola explicó que no sólo se trataba de una medida de control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), sino que además garantizaba que el animal no tenía ninguna e las otras enfermedades de declaración obligatorias, de las que un tercio son transmisibles al hombre como la tuberculosis o el carbunco; y un buen control del medicamento veterinario. Insistió en que los motivos anteriores hacen que la eliminación de este documento, "que se podía haber modificado para hacerlo más aplicable y aumentar sus garantías", reducen las garantías de seguridad alimentaria de los productos de origen animal ya que ningún profesional sanitario garantiza que sea apto para el consumo humano antes de llegar al matadero. Se cuestionó las razones para dar de lado a un colectivo cuya responsabilidad y deber es velar por la sanidad animal y por ende de la seguridad alimentaria de sus producciones. Lamentó nuevamente la falta de diálogo y comunicación del Gobierno con la profesión veterinaria a la hora de adoptar esta decisión, a pesar de ser un colectivo afectado e implicado.
Por su parte, el conjunto del sector ganadero español y la industria cárnica rechazan el "modelo de declaración normalizada" con el que el Gobierno ha sustituido el certificado veterinario que acompañaba a las reses bovinas, ovinas y caprinas a su entrada al matadero y exige su derogación.
Según confirmaron a Efeagro fuentes del sector ganadero todas las organizaciones profesionales, las cooperativas y la industria consensuaron una nota conjunta en la que denunciaban que esta modificación del Anexo XI, que sustituye el certificado veterinario por una declaración del ganadero, no había sido pactada con el sector..
En términos generales denuncian que el Gobierno no ha eliminado, como anunció el presidente Rodríguez Zapatero, y tal y como le instó el Congreso de los Diputados, el certificado veterinario, sino que lo ha sustituido por un documento "ingestionable, al margen de la norma de control de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles". Explican que este documento estaba en negociación desde hacía dos años con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrción (AESAN), con la que se trabajaba para adaptar la normativa comunitaria a la legislación nacional antes de enero de 2009, en lo que será el Real Decreto de Información sobre la Cadena Alimentaria.
Sin embrago, la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguró que la eliminación del certificado veterinario sólo lleva parejo "un anexo equiparable al albarán que acompaña a cualquier mercancía, que ni es un certificado ni tiene coste alguno". Señaló que "es un documento que puede cumplimentar cualquier persona, sin necesitar, por supuesto, conocimientos científicos ni ganaderos, que no tiene nada que ver con la futura normativa que exigirá la Unión Europea en 2010".
La ministra lamentó "la falta de información que está existiendo", pero se remitió al texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de octubre. "Posiblemente haya un malentendido que estoy dispuesta a aclarar con las organizaciones agrarias y ganaderas", reconoció.