Crece la polémica sobre el certificado veterinario mientras el Gobierno estudia mantener su supresión
El contencioso surgió tras aprobar el Ministerio de la Presidencia la Orden 2.893 de 5 de octubre de 2007 que modificó el anexo XI del Real Decreto 3454/2000 (Programa contra la EBB), que suprime el certificado veterinario presente en las anteriores redacciones.
Este certificado, es el documento que el veterinario firma antes de que la res (bóvidos, óvidos y caprinos) se transporte al matadero para su sacrificio y garantiza la inexistencia de una treintena de posibles enfermedades; entre ellas, la encefalopatía espongiforme bovina, la tuberculosis y la brucesolis, susceptibles de ser transmisibles a la especie humana.
El Consejo General de Colegios de Veterinarios de España interpuso un recurso contencioso-administrativo (VER INFORME DE SITUACION) contra la citada orden solicitando la suspensión cautelar de la misma. En su argumentación, el Consejo General sostenía que la mencionada disposición incurre en nulidad de pleno derecho al contravenir una normativa de rango superior como es la comunitaria, concretamente, el Reglamento (CE) número 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
La supresión de este certificado, en opinión del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, implicaba la eliminación del mecanismo previo de certificación veterinario de los rumiantes y, por tanto, de uno de los dos pilares del doble control sanitario a que se sometían los animales sacrificados en el matadero. Esa supresión, en opinión del Consejo General, suponía una posibilidad real de comprometer la seguridad alimentaria y la salud pública.
En definitiva, la Audiencia Nacional, valorando las circunstancias concurrentes en el caso, considera procedente acceder a la medida de suspensión porque entiende que el contenido de la orden afecta al derecho constitucional a la protección de la salud, que ha de prevalecer a la hora de tomar la decisión y por ello el pasado día 13 de mayo ha decretado la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la orden recurrida.
Ahora es el Gobierno quien, a instancias de los Ministerios de Medio Ambiente, Salud y Presidencia, la Fiscalía está estudiando interponer un recurso contra el auto de la Audiencia Nacional.