Comerciantes, productores y transportistas rechazan el expediente de la CE y defienden la labor de los veterinarios en lo referente al bienestar animal

Como informábamos hace unos días, la Comisión Europea (CE) abrió el pasado día 20 de octubre un procedimiento de infracción contra España, porque considera que no está controlando adecuadamente las condiciones en que se transporta el ganado y en consecuencia "se están produciendo problemas que afectan al bienestar de los animales".

La Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (ANCOPORC), la de Transportistas de Animales (ANTA) y la de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) rechazan el procedimiento de infracción que la Comisión Europea (CE) ha abierto a España ante las que denuncia "carencias" en el transporte de animales.

Aseguran que ese procedimiento se basa en información "incompleta" y defienden la "profesionalidad" de las comunidades autónomas y los servicios veterinarios que realizan las inspecciones y controles en materia de bienestar animal durante el transporte. Dicen que son las "correctas y que la se ajustan a lo que se establece a nivel de la UE".

Denuncian que la CE "no conoce toda la información" respecto a lo que está ocurriendo en el transporte de animales desde España hacia Italia. Las asociaciones españolas están investigando "abusos de las autoridades italianas" que realizan inspecciones con el único objeto de "perseguir y sancionar a empresas españolas".

De estas actuaciones ya tienen conocimiento tanto Medio Rural como las autoridades italianas pero tienen "el firme propósito de llegar hasta el final y descubrir el motivo que se esconde a esta persecución".

Todo ello no quita, sostienen, que la normativa tenga "muchas lagunas" e inconvenientes como: tener que rellenar una hoja de ruta de seis o siete folios, con lo que conlleva de difícil y engorroso; o localizar un punto de parada que reúna las condiciones higienicosanitarias, que se antoja en ocasiones muy difícil.

Bruselas ha enviado a las autoridades españolas una "carta de emplazamiento" (primera fase de un proceso que podría ser sancionador) fruto de los informes de los inspectores veterinarios de la Oficina Veterinaria y Alimentaria de la CE (FVO), quienes han constatado "carencias" como falta de control en la autorización del transporte de ganado, la duración de los trayectos y deficiencias en las instalaciones del camión para que los animales tengan acceso al agua.

Aunque el Gobierno español aprobó una nueva ley sobre el bienestar animal, que incluye sanciones, la FVO ha indicado que el problema persiste, motivo por el que se envía dicha carta a las autoridades españolas.

El departamento de Espinosa dispone de dos meses para responder a la CE y si esta considera que no es una respuesta satisfactoria, enviará un "dictamen motivado". De continuar la infracción en este caso, Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuente: AGROCOPE. Rose Mary Acedo