Los veterinarios gallegos critican el nuevo decreto que permite que ganaderos y empresas puedan identificar a los animales

Después de 12 años de férreo control, impuesto tras la crisis de las vacas locas a finales de los noventa, el proceso de identificación de ganado bovino, ovino y caprino, asistido desde 2008 por veterinarios de la empresa pública Seaga, se abre a empresas privadas o queda bajo responsabilidad del ganadero, encargado también de comunicar, por teléfono o a través de un portal web de Medio Rural, los datos de sus animales.

Un nuevo decreto, en vigor desde principios de la semana pasada, acerca el sistema gallego al del resto de las comunidades españolas y sustituye la verificación del profesional en la explotación por el autocontrol del ganadero.

Los veterinarios de Seaga, ordenador en mano, eran hasta hace unos días los responsables exclusivos de colocar en cada una de las orejas del animal un crotal, la chapa identificativa de la res y de la explotación en la que nacía, así como de cubrir, siempre in situ, los datos del ternero y de su madre. Con la nueva norma, esos datos, reflejados en el Documento de Identificación Bovina (DIB) -que acompaña al animal durante toda su vida- le serán enviados al ganadero por correo postal después de que este comunique por teléfono o por medio de una web -la Oficina Agraria Virtual- ya operativa, el número de crotal aplicado al becerro.

Una segunda vía permite al propietario de la granja delegar el trámite en "entidades identificadoras", que por primera vez podrán ser empresas privadas y cooperativas que se den de alta para realizar y cobrar el servicio, pero también particulares. Doce de estas entidades -entre ellas la Federación de Razas Autóctonas de Galicia, o Africor Lugo- ya pueden desempeñar esta labor tras recibir el visto bueno de Medio Rural.

Ninguna de las dos vías, la que confía en el autocontrol del ganadero y la que abre el servicio a empresas privadas, satisface a los veterinarios, convencidos de que se aparta al profesional de la vigilancia sanitaria. "No se especifica con qué tipo de medios deben contar las entidades, ni qué formación deben tener", se queja María Jesús García, miembro del comité de empresa de Seaga.

El Decreto 183/2010 que fija los cambios con respecto a la normativa de 1998 obliga a las entidades postulantes a "contar con los medios técnicos" y "el personal técnico necesario", pero no hace referencia a ninguna titulación concreta. "Necesitamos un control profesional, que es siempre un control veterinario", reclama Uxío Rei, presidente del Consello Galego de Colexios Veterinarios, que ha presentando alegaciones al texto precisamente por la vaguedad con la que se acota el perfil profesional de los identificadores. En todo caso, sea cual sea la vía elegida, la Administración debe disponer de los datos de los animales en 20 días de plazo desde el nacimiento.

En enero de 2011 expiran definitivamente los contratos de los veterinarios de Seaga, que hasta entonces están llamados a seguir con su trabajo habitual. A partir del año que viene, la identificación de las reses sólo será posible con el nuevo sistema.

El perfil sociodemográfico de los criadores de ganado es otro de los inconvenientes del nuevo sistema que señalan los veterinarios. Aunque los ganaderos pueden escoger indistintamente comunicar los datos de sus reses por teléfono o Internet, desconfían de un sistema que aleja a los supervisores de las cuadras. "¿La telefónica es una forma de verificar?", se pregunta Rei.

Más del 90 % de los animales decomisados en los mataderos gallegos provienen de otras comunidades autónomas. El dato que manejan los colegios de veterinarios lo confirma José Manuel Becerra, portavoz de Carnicosa, uno de los mataderos más grandes de Galicia, ubicado en A Coruña. Si la identificación de la res presenta algún tipo de deficiencia y no se soluciona en el plazo de dos días hábiles, el animal no podrá ser sacrificado. Este tipo de problemas, asegura Becerra, es "difícilmente subsanable". La información que se pierde en el camino raramente se recupera.

A los veterinarios les preocupa, por un lado, el que algún ganadero pueda falsear algún dato y los posibles errores achacados a despistes, desconocimiento o desidia. Si la vaca sacrificada tiene más de un año -y es, por lo tanto, "material especificado de riesgo"-, debe someterse a análisis su cráneo y médula espinal. "Si un ganadero falsea una fecha al identificar al animal, puede pasarse por alto un análisis que es necesario", explica.

"La seguridad de la carne estaba totalmente garantizada. Galicia era puntera en control sanitario desde hace muchos años", apunta Ana López Pombo, presidenta del Colexio de Veterinarios de Lugo. Lo mismo defiende Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios y máxima autoridad sobre la enfermedad de las vacas locas. "La carne gallega había logrado un gran prestigio. El gallego era un modelo ejemplar en España, uno de los mejores, si no el mejor", defiende Badiola, que a principios de octubre arremetía contra el "autocontrol" en un artículo de la revista Información Veterinaria.