El Gobierno aprueba un anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha explicado que se hacía necesario conseguir el equilibrio de la cadena alimentaria, “conseguir que los productores agrarios y las pequeñas industrias participen de manera eficiente en la cadena de valor”.
El ministro ha señalado que la gravedad del problema de la bajada de precios de los productores ha hecho que “no esperemos a la legislación comunitaria sino que hayamos anticipado una legislación nacional, que la propia Comisión Europea y muchos Estados Miembros están solicitando”.
Arias Cañete ha justificado la necesidad de esta ley porque se estaban produciendo “fuertes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores”. Por ejemplo, si analizamos las empresas de la distribución comercial organizada, los 5 primeros operadores tienen el 40,3 % de la cuota de mercado en valor del total de alimentación. “Es decir, tenemos una fuerte concentración de la distribución, un sector industrial de dimensión pequeña y tenemos 989.000 productores, integrados en cooperativas de escasa dimensión”, ha completado.
Según ha detallado Arias Cañete, el proyecto de ley establece la obligación formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohíbe determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos; y regula otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.
Junto a esto, se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos. Además, los operadores podrán suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles.
Como árbitro en esta materia, Arias Cañete ha señalado que el Gobierno actúa a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, para garantizar el buen funcionamiento de la cadena, informar de la propuesta del Código de buenas prácticas y promover su adhesión entre los operadores de la cadena.
En definitiva, “si obligamos a que los precios sean por escrito, si el agricultor cuando entrega la mercancía conoce perfectamente el retorno que va a obtener, si no va a haber sorpresas por el camino, estamos garantizándole un
precio objetivo justo”, ha concluido.