El Gobierno propone reformar varios aspectos de la Universidad

La reforma universitaria que propone el Gobierno incluye, entre otras medidas, la eliminación en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de la condición de que estos centros de enseñanza superior tengan que recibir la aprobación de las comunidades autónomas de sus planes de estudio de títulos oficiales antes de enviarlos al Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) para su homologación.

En la Ley vigente, se necesita un informe favorable de la autonomía con carácter previo relativo a la valoración económica del plan y a su adecuación a otros requisitos.

Sin embargo, la redacción del artículo 35 en el anteproyecto de modificación de la LOU contempla que, una vez homologado el plan de estudios, las universidades lo comunicarán al órgano competente de la comunidad autónoma a efectos de obtener, cuando así proceda, la autorización de implantación.

Por otra parte, la reforma universitaria apunta como otra novedad, la regulación de una carrera docente para los miembros de los cuerpos funcionarios docentes universitarios. Además, los sindicatos y asociaciones empresariales tendrían representación en el Consejo Social de cada universidad, cuyo presidente eligiría el parlamento autonómico.

La nueva normativa también prevé que los profesores eméritos contratados entre funcionarios jublilados habrán de ser "evaluados positivamente" por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por el órgano de evaluación externa que cada autonomía determine. En cuanto a las universidades privadas, al menos el 50 % de sus docentes deben haber obtenido la evaluación positiva por parte de la ANECA o del órgano que determine la comunidad autónoma.

Otra novedad de la reforma universitaria es que la experiencia laboral o profesional podría ser un cauce de acceso a los estudios superiores cuando no se disponga de la titulación requerida para ingresar en la universidad.