Manifiesto de la profesión veterinaria contra la inflación de facultades

Manifiesto de la profesión veterinaria contra la inflación de facultades, redactado por la Asamblea de Presidentes de Colegios de Veterinarios de España

La reciente autorización por la Generalitat de Cataluña de nuevos estudios de Veterinaria en la Universidad de Lérida, en contra de la opinión reiteradamente expresada por la profesión veterinaria y por los centros de enseñanza veterinaria, es una muestra más de la adopción de decisiones que no tienen en cuenta los criterios profesionales y académicos y sí exclusivamente razones de conveniencia política y presiones de tipo localista.

Las consecuencias de estas decisiones perjudican seriamente a los actuales y a los futuros profesionales veterinarios porque sobredimensionará la oferta de profesionales en nuestro país, saturará el mercado laboral, incrementando los niveles de desempleo y la precariedad laboral, y aumentará el déficit económico de las Universidades y las Administraciones españolas.

Pero además es un mal ejemplo que, desafortunadamente, podría animar en esta dinámica alocada de creación de nuevos estudios de Veterinaria que social y económicamente no son necesarios, ya que los centros actuales cubren sobradamente la demanda de profesionales veterinarios en nuestro país. De hecho, la Federation of Veterinarians of Europe (FVE) y la European Association of Establishments for Veterinary Education (AEVE), representantes de la profesión veterinaria y de los centros de enseñanza veterinaria a nivel europeo, y responsables de que los estudios de Veterinaria en Europa cumplan unos estándares de calidad mínimos y homogéneos, consideran que es suficiente una Facultad por cada 7-10 millones de habitantes para que un Estado miembro cuente con unos servicios veterinarios de calidad y pueda atender a las necesidades que cubren los profesionales veterinarios, tanto en el sector público como privado.

Según ese criterio, en España sería suficiente un número de 4 a 6 centros de enseñanza veterinaria, lo que dista considerablemente de los 12 ya existentes en la actualidad. Otro hecho singular y llamativo a reseñar de la situación española es la existencia de 3 centros privados de enseñanza veterinaria, un hecho poco común en los distintos países europeos.

Una cuestión no menor en las actuales circunstancias que vive nuestro país es el alto coste que implica la creación de unos estudios de Veterinaria, que requieren la disponibilidad de instalaciones acordes adecuadas a los estándares europeos. En conjunto, una inversión inicial de unos 15 millones de euros y un mantenimiento anual de entre 8 y 10 millones. Todo ello convierte a los estudios de Veterinaria en uno de los más caros del sistema universitario español: entre 9.000 y 12.000 euros cuesta formar a un alumno cada año. ¿Estarán dispuestas las Administraciones responsables a realizar ese desembolso económico? ¿Tiene sentido realizar ese gasto en la actualidad para formar profesionales que no se necesitan?

Cada año se gradúan en España unos 1.200 estudiantes de Veterinaria, mientras que en los diferentes sectores a los que se dedican los profesionales veterinarios se generan en torno a 600 puestos de trabajo anuales, por lo que cada año se produce un exceso de oferta respecto a la demanda de trabajo, lo que ha provocado que en pocos años se ha pasado de ser una profesión con un nivel de desempleo razonable a incrementarse de manera apreciable y una precarización laboral que está alcanzando niveles muy preocupantes. Si el número de centros de enseñanza se incrementara, la situación sería aún más insostenible.

La conclusión obvia es que todos los ciudadanos están sufragando con sus impuestos la formación de más profesionales de Veterinaria de los que necesita el país. ¿Es eso racional y aceptable en un país que apenas tiene recursos para cubrir otras necesidades básicas?

Por estas razones, la Veterinaria española pide a las autoridades del Estado que no abdiquen de la regulación del sistema universitario y se dirige a las autoridades autonómicas, competentes en la aprobación de nuevas Facultades, para que frenen una deriva que podría devenir en una situación indeseable para una profesión sanitaria íntimamente relacionada con la salud pública.