La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades provoca un amplio debate entre políticos y docentes

El Consejo de Ministros dió el pasado 1 de septiembre,  luz verde al proyecto que modifica la ley Orgánica de Universidades (LOU), una propuesta que pretende reforzar la autonomía universitaria y que ha sido calificada por la Conferencia de Rectores (CRUE) como «la ley posible más que la ley deseable». Su presidente, Juan Vázquez, ha declarado que la reforma, aunque «positiva», es «contenida y limitada». No obstante, recordó que los rectores consideran «imprescindibles» los cambios, porque la LOU «ha provocado disfunciones muy importantes en la Universidad». Además, aceptan su limitación para no abrir en los campus «un nuevo proceso constituyente».

El proyecto remitido por el Gobierno al Congreso fue presentado por la vicepresidenta Fernández De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo, a la que no asistió la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. El texto contiene algunas modificaciones sobre el anteproyecto del que informó Cabrera el 30 de junio y en su redacción se han tenido en cuenta algunas de las sugerencias del Consejo de Estado, entre ellas, las referidas a la designación del rector en las universidades privadas.

En concreto, el proyecto determina que las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas garantizarán que el personal docente e investigador «sea oído en el nombramiento del rector». En el anteproyecto se decía que docentes e investigadores tendrían una representación mayoritaria en la toma de decisiones académicas, «incluyendo la propuesta para la designación del rector». El Consejo de Estado advirtió de que esto podría chocar con el principio de libertad de empresa. El nuevo texto dice que en las decisiones «estrictamente académicas» de las privadas el personal docente e investigador tendrá una «representación mayoritaria».

Entre las novedades, aparece la eliminación del plazo de dos años que en la anterior redacción se concedía a las universidades para adaptar sus estatutos a la nueva ley. Asimismo, desaparece la moratoria de ocho años que se otorgaba a los titulares de Escuela Universitaria para obtener el título de doctor, imprescindible para incorporarse al Cuerpo de Titulares de Universidad, siempre que reúnan determinadas condiciones y se doten las plazas.

Esto significa que hasta que se produzca la mencionada adaptación los consejos de gobierno de las universidades podrán aprobar la normativa de aplicación necesaria para el cumplimiento de la ley. Y los titulares de Escuela podrán optar a Titulares de Universidad si completan el doctorado.

Sobre el profesorado, se mantiene la sustitución del sistema de habilitación por el de acreditación (basado en los principios de capacidad y mérito) como paso previo para acceder al funcionariado docente. En cuanto a los órganos de gobierno, la ley permite a las universidades determinar en sus estatutos la forma de elección del rector, que se podrá hacer por sufragio universal o por el Claustro.

El Consejo de Coordinación Universitaria se sustituye por el Consejo de Universidades, del que formarán parte los rectores de las universidades públicas y privadas y un reducido número de miembros designados por el Gobierno. Se crea, además, la Conferencia General de Política Universitaria, que potenciará el papel de las comunidades autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) pasará de fundación a ente público.

El proyecto pretende otorgar mayor participación al alumnado mediante la elaboración del Estatuto del Estudiante y la creación de un Consejo de estudiantes universitarios. Promueve la paridad de sexos en los órganos universitarios y la creación de programas de ayuda para las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como para los discapacitados.

La secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, advirtió en una nota difundida tras conocer la aprobación de la ley de Universidades que ésta supone un «claro retroceso a la calidad y apertura de la Universidad española». Pastor criticó con dureza el cambio que la ley introduce en la selección del profesorado y dijo que con el nuevo sistema la universidad española «se puede convertir en la más cerrada, endogámica y localista de toda la Unión Europea», porque, en su opinión, «desaparece el sistema homogéneo para el acceso a los cuerpos docentes universitarios».

El PP entiende que el texto se aleja de los objetivos de la Unión Europea y del proceso de Bolonia. En definitiva, según la diputada popular el proyecto «mira al pasado y no al futuro e introduce elementos que van en contra de las exigencias de calidad y de apertura».