El Gobierno tiene en proyecto elaborar una ley específica contra el maltrato animal

El Gobierno tiene el propósito de elaborar una Ley que aborde en sus distintos aspectos la protección de los animales ante el maltrato o el sufrimiento.

Así se lo ha comunicado hoy el Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a una representación de la Asociación “El Refugio” que ha acudido esta mañana al Palacio de La Moncloa, para hacer llegar una carta al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamando una Ley de Protección Animal.

La voluntad del Gobierno de erradicar el maltrato a los animales se manifiesta no sólo en su propósito de hacer una ley específica, tal como se ha transmitido hoy a los representantes de la Asociación “El Refugio”, sino en otras muchas medidas que ya ha adoptado desde que se inició esta legislatura.

En concreto, el Consejo de Ministros fue informado el del pasado día 6 de octubre del Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Animales de Producción y Experimentación. En esta nueva normativa se regulan los aspectos más relevantes del bienestar animal en las explotaciones, en el transporte de animales y en su sacrificio, así como en las actividades de experimentación, dentro del marco previsto al efecto en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios Internacionales. Además, ya en octubre de 2005 entró en vigor un Real Decreto sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, y el 16 de junio de este año se creó el Comité español de Bienestar y Protección de los animales de producción.

Todo ello pone de manifiesto la sensibilidad de este Gobierno en la materia y su clara voluntad de evitar y perseguir el maltrato de animales.

Además de las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno, no debe olvidarse que el propio Código Penal tipifica como delito el maltrato a animales (artículo 337) y que, por tanto, no existe impedimento alguno para denunciar y perseguir esas conductas, algunas de las cuales están penadas con prisión de tres meses a un año.